Funcionarios de la ciudad de San Bernardino dieron a los residentes su primera impresión, el miércoles 29 de agosto, sobre como los servicios públicos de la ciudad se verían afectados bajo la bancarrota, en un plan que pide la reducción de gastos en un 30 por ciento y la eliminación de más de 100 cargos.
La propuesta, presentada a la ciudad por el Concejo de la Ciudad en una reunión especial en la tarde, describe la política de recortes de presupuesto en los departamentos de bomberos y de policía que los lleva a atender solamente las funciones más básicas. Los tiempos de respuesta para las llamadas policiales de baja prioridad aumentarán mientras que tres estaciones de bomberos cerrarían 10 días cada mes.
Tres de las cuatro bibliotecas de la ciudad serían clausuradas al igual que los centros comunitarios que no tienen subvenciones con fondos que no provienen de la ciudad. Algunos departamentos fusionados mientras que obligaciones tales como el mantenimiento de los parques y los servicios de vigilancia serían cedidos a compañías privadas.
“La ciudad está encarando el indeseable prospecto de cerrar las estaciones de bomberos, las bibliotecas y centros comunitarios, mientras que aún no tiene dinero suficiente para darles fondos a la policía y a los bomberos para que nos ofrezcan niveles aceptables de protección”, señala el informe.
“Es una medicina difícil de tragar”, dijo la Concejal Virginia Márquez. “Catastrófico”.
El plan incluye despidos porque algunos de los cargos eliminados están vacantes, dijo el director de finanzas Jason Simpson, agregando que él no puede dar inmediatamente el número total de despidos propuestos.
El consejo aún no había tomado una decisión para las 9 p.m. del 29 de agosto en cuanto a sí se aceptaba la propuesta o no. El Alcalde Pat Morris sugirió que el concejo podría tomar una decisión posteriormente después de haber tenido más tiempo disponible para estudiar el plan.
Aunque algunas de las medidas son sumamente severas, ellas no resolverán por completo los problemas financieros de la ciudad que la llevaron a declararse en bancarrota el 1 de agosto, de acuerdo con el plan.
La ciudad encara un déficit de presupuesto de $45.8 millones para el año fiscal actual más un déficit de $18 millones del año fiscal anterior. El plan generará $22.4 millones en ahorros.
La ciudad no ha tenido un presupuesto operativo para el año fiscal, pero el consejo aprobó un plan de emergencia a corto plazo el mes pasado que cubre el período hasta finales del mes de septiembre.
La administradora interina de la ciudad, Andrea Travis-Miller, describió la propuesta como un “plan pre-pendiente” que establecería las condiciones para un “plan pendiente” que funcionaría como el presupuesto operativo de la ciudad durante el proceso de bancarrota. No está claro cuando ese plan será sometido a consideración del concejo.
El manejo de la discusión del presupuesto también se convirtió en un problema por la decisión de la oficina de la administradora de mantener inicialmente el plan en forma confidencial y programar la reunión para la sesión de clausura.
Pero los funcionarios decidieron revertir la decisión ellos mismos después de las críticas emitidas por parte de algunos de los miembros del concejo y residentes. El concejo se reunió brevemente en una sesión cerrada antes de regresar a la sesión abierta y distribuir copias del plan.
El concejal John Valdivia dijo que se sintió “consternado” por lo que denominó una falla al involucrar al público en el proceso.
Travis-Miller dijo que el intento fue discutir “¿como vamos a salir de esto?” pero que las decisiones acerca del presupuesto serían tomadas en público.
