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ALEJANDRO CANO, ESPECIAL PARA LA PRENSA
Docenas de niños participan en el programa de alimentos en Fontana. Un estudio indica que miles de personas no tienen suficiente solvencia para comprar suficientes alimentos.

ALIMENTACIÓN: Expertos dicen que la recesión sigue afectando a las familias

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AJEJANDRO CANO/ESPECIAL PARA LA PRENSA
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La inseguridad alimenticia afecta a tres de cada 10 hogares en el Inland

La recesión fue declarada finalizada en junio de 2009 por la administración del Presidente Barack Obama; sin embargo, existen expertos que aseguran que la recesión continúa vigente. Quien tenga la razón, lo cierto es que la situación actual que atraviesa el país está ocasionando estragos en miles de familias de California, particularmente en los hogares hispanos.

Según un estudio publicado el lunes, 9 de julio, y elaborado por el Centro de Investigaciones en Políticas de Salud de la Universidad de California Los Angeles (CHPR por sus siglas en inglés), durante la recesión de 2007 a 2009 cerca de cuatro millones de californianos tuvieron problemas para conseguir alimentos, incluyendo residentes de Inland Empire, en donde tan solo en el Condado de San Bernardino la cifra alcanzó los 241,000.

Hoy en día, la cifra es alarmante. Según datos oficiales, tres de cada 10 hogares de la región no cuentan con la solvencia económica para proveer alimentos adecuados a sus familias. En la región del Valle de Coachella la cifra alcanza el 47 por ciento, afectando primordialmente a niños y personas de la tercera edad.

“Con la economía aún en recesión, muchas familias enfrentas difíciles decisiones todos los días. ‘¿Hago mis pagos mensuales o compro comida para alimentar a los hijos?’” indicó Gail Harrison, coautora del estudio revelado el 9 de julio y profesora de la Facultad de Salud Pública de UCLA. “En un estado considerado como granero de la nación, es triste ver que muchas personas no saben de dónde vendrá su próxima comida”.

En 2009, la tasa de desempleo en California alcanzó el 11 por ciento comparado con el 5 por ciento registrado en 2007, indicó el estudio. Hoy en día, el índice de desempleo estatal es de 10.8 por ciento; sin embargo en la región de Inland Empire la cifra alcanza el 11.85 por ciento.

Cifras oficiales de ambos condados indican que en la región existen actualmente 4,324,851 habitantes, de los cuales 608,786 viven por debajo de nivel de pobreza federal, lo que a su vez ocasiona que 1,179,486 habitantes tengan problemas para llevar alimentos adecuados a sus hogares.

Según el estudio, casi la mitad de los hogares de bajos ingresos con niños no pudieron proveer suficiente alimento y aproximadamente el 51 por ciento de los adultos hispanoparlantes de bajos ingresos experimentaron inseguridad alimenticia, el nivel más elevado de todos los grupos de bajos ingresos.

De acuerdo a Harrison, “inseguridad alimenticia” significa no tener suficientes ingresos para proveer una dieta balanceada, y está asociado a la pobre condición física, salud mental, y enfermedades y condiciones crónicas tales como la diabetes y depresión, entre otras.

La situación vivida por las familias hispanas durante la recesión pareciera no dar tregua. María Rodríguez, oriunda de Puebla, México y residente de Fontana, es prueba clara de que la situación no mejora. Rodríguez es madre de tres hijos, su esposo trabaja en un centro de lavado de automóviles ganando el salario mínimo. Con un promedio de gastos mensuales de $1,500 y un ingreso familiar precario e inestable, proveer alimentos adecuados es todo un reto diario.

“Ahí la vamos pasando, aunque sea frijolitos pero siempre hay que comer. Desde luego que no nos alcanza para comidas nutritivas como carnes rojas y vegetales pero de hambre no nos morimos”, indicó Rodríguez, de 30 años. “Pero ¿qué le vamos a hacer? La situación está peor en México. Ahí sí que se pasa hambre. Por los menos aquí hay programas que benefician a los niños”.

Rodríguez se refirió al programa de alimentos gratuitos ofrecidos por varios distritos escolares de la región, incluyendo el Distrito Escolar Unificado de Fontana (FUSD por sus siglas en inglés), los cuales benefician a miles de menores todos los días.

Este tipo de programas ayuda a combatir el hambre, sin embargo no es suficiente, dijo Harrison. Según la experta, en California más de la mitad de los 6 millones de estudiantes que acuden a escuelas públicas son elegibles para recibir comida gratis o a precio reducido en la escuela, sin embargo, menos de un millón de ellos reciben la asistencia.

Rita Mendiola, madre de dos niños, descubrió por primera vez el programa ofrecido en el parque comunitario North Tamarind de la ciudad de Fontana el lunes 9 de julio. Mendiola, de 25 años, es gerente de una empresa de artículos de segunda mano. Su salario, aunado al de su esposo, un empleado de la construcción, no es suficiente para ofrecerles a sus niños alimentos nutritivos todos los días.

“El trabajo de mi esposo no es estable, en veces no trabaja en días. Si no fuera por las estampillas de comida que recibimos no sé cómo nos fuera. Por lo menos podemos comprar leche, blanquillos, queso, jamon, y pan, y hasta cereal, pero con nuestro salario no nos alcanza para más”, comentó Mendiola.

La situación que vive la familia Mendiola pudiera empeorar debido a que pese la oposición y sugerencias de estudios socioeconómicos, el gobierno de los Estados Unidos aprobó en junio pasado la reducción de 4.5 mil millones de dólares al presupuesto del programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP por sus siglas en ingles), antes conocido como estampillas de comida.

“El Congreso puede ayudar a las familias a evitar la inseguridad alimentaria mediante el mantenimiento de una red de seguridad resistente y adecuada”, indicó Matthew Sharp, representante de los Defensores de la Política Alimentaria de California.

El Ley de Recuperación y Reinversión firmada por el Presidente Obama en 2009 aumentó el beneficio al programa SNAP en un 17 por ciento; sin embargo el subsidio está pactado a expirar en 2013. De ocurrir, Harrison presagió el aumento de familias bajo el nivel de pobreza federal – aquellos que tienen un ingreso anual de $23,050 con una familia de cuatro – lo que a su vez pondría en riesgo la salud de millones de personas.


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