Una investigación realizada durante dos años y medio por el Grupo de Trabajo de Convertidores Catalíticos (CCTF) del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) descubrió que la compañía Kinsbursky Brothers Supply Inc., de Anaheim era, presuntamente, una de las compradoras más grandes de catalizadores robados.
Entre agosto y el 18 de septiembre de ese mismo año, supuestamente Kinbursky Bros. compró 23,822 convertidores catalíticos, a través de 364 transacciones a una variedad de vendedores, aseguró Mike Feuer, Fiscal de la ciudad de Los Ángeles.
La empresa dijo a Excelsior que “niega enérgica y categóricamente estas acusaciones y confía en que será reivindicada una vez que este asunto sea totalmente litigado”.
Feuer presentó una demanda civil el 5 de enero contra Kinbursky Bros. y Gonzales Brothers LLC, la primera es un reciclador en Anaheim que compra chatarra y partes de vendedores en el sur de California, y el otro un negocio de reciclaje de piezas de automóviles de Pacoima.
La querella alega que ninguna de las transacciones realizadas incluyó la información legalmente obligatoria que Kinsbursky Bros.estaba obligada a retener.
Los funcionarios de la CCTF tampoco localizaron y no recibieron ningún acuerdo por escrito entre Kinsbursky y cualquier otro negocio sobre la aceptación y reciclaje de convertidores catalíticos, como lo requiere la ley.
La orden judicial busca además sanciones civiles contra ambas compañías, porque supuestamente y de manera repetida, o vendieron catalizadores robados o no mantuvieron registros de contabilidad apropiados para cubrir el supuesto carácter ilícito de la operación.
“California tiene más robo de convertidores catalítico que cualquier estado en la nación, un problema que ha plagado a los conductores por mucho tiempo”, dijo Feuer. “Nos hemos enfocado en romper las operaciones presuntamente ilegales que dirigen estos robos y en luchar para responsabilizar a los dueños de negocios que alegamos no cumplen con las reglas”.
Reventa en el mercado negro
Solamente en los últimos cuatro años, el LAPD ha recibido más de 4,367 informes de convertidores catalíticos robados de vehículos, normalmente revendidos en el mercado negro. No se pudo obtener cifras para el condado de Orange.
En un esfuerzo por frenar la creciente tendencia de los robos de catalizadores, la legislatura de California adoptó la ley SB-267 en 2009, exigiendo que las empresas o las personas que compran partes de catalizador usadas sigan estrictos requisitos de registro y pago.
A menos que exista otra excepción, los compradores de catalizadores deben mantener registros detallados de la fecha, nombre, número de licencia de conducir y descripción de las partes compradas, y se les prohíbe proporcionar pagos en efectivo en el momento de la venta.
En abril de 2015, el LAPD formó el Grupo de Trabajo del Convertidor Catalítico (CCTF) para investigar, identificar y enfocarse en el mercado ilícito de convertidores catalíticos en Los Ángeles.
La demanda alega que los operadores de Gonzales Brothers compraron conscientemente miles de catalizadores robados del mercado negro y los revendieron a otros recicladores, incluidos los operadores de Kinsbursky Brothers, con fines de lucro.
Los negocios supuestamente evitaron las obligaciones requeridas de registro y pago para facilitar la compra y reventa de propiedad robada y lavado de bienes robados.
“El robo y la compra-venta de catalizadores es un negociazo”, dijo Pascual Rivera, propietario de un taller mecánico ubicado en la calle 17th, esquina con la calle English en Santa Ana. “Los que más se roban y se revenden son los de cualquier automóvil Toyota, porque están a la vista de los ladrones, son muy fáciles de desmontar en menos de un minuto y valen alrededor de $900 cada uno”.
Pagos ilegales en efectivo
Durante una investigación de vigilancia de 2015, CCTF presuntamente observó que los empleados de Gonzales Brothers participaron en numerosas ventas de catálogos usados, sin papel, y a menudo pagaron en efectivo a ladrones de catalizadores.
Posteriormente, en una orden de búsqueda del lugar se recuperaron las herramientas utilizadas para remover los convertidores catalíticos, varios registros y más de 300 catalizadores. Presuntamente, ninguno de los registros relativos a las ventas de catalizadores contenía la información de identificación requerida por la ley, y los investigadores tampoco localizaron ningún acuerdo por escrito con otras empresas con respecto a la aceptación y el reciclaje de los convertidores.
La demanda busca una orden judicial contra los operadores de Gonzales Brothers y Kinsbursky Bros., prohibiéndoles realizar nuevas actividades ilegales y prohibiéndoles operar como lugar de compensación para catalizadores robados. La demanda también busca sanciones civiles de hasta $ 2,500 por cada violación.
KBI niega las acusaciones
En un comunicado emitido a Excélsior, Eliot F. Krieger, abogado de Kinsbursky Brothers Inc. (KBI) dijo que la compañía “niega enérgica y categóricamente estas acusaciones y confía en que será reivindicada una vez que este asunto sea totalmente litigado”.
Krieger afirmó que se sintió “perturbado” por las acusaciones de Feuer a raíz del hecho de que él y KBI han estado trabajando con la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles durante los últimos seis meses demostrando su cumplimiento con todos los requisitos de registro.
Krieger sostuvo que “KBI conserva registros detallados de todas las transacciones que realiza sobre catalizadores usados.
“Esto parece ser una sacudida por la Oficina del Procurador de la Ciudad dirigida a un negocio del Condado de Orange que siempre ha trabajado con la policía en el Condado de Orange para permanecer en cumplimiento con la ley”, dijo Krieger.
