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 Kevin de Leon.
Kevin de Leon.
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Los Ángeles – En respuesta a las críticas recientes, especialmente de los jefes de dos importantes cuerpos de alguaciles de California, el presidente encargado del Senado, el hispano Kevin De León, defendió su propuesta de convertir al Estado Dorado en “estado santuario”.

En declaraciones enviadas a Efe, el senador De León destacó algunas de las razones por las cuales presentó y continúa defendiendo su propuesta SB54 conocida como “Ley de Valores de California”.

“Nuestros recursos limitados para la aplicación de la ley son muy malgastados cuando los oficiales de la policía son retirados de sus deberes para arrestar a las camareras, estudiantes, ‘Dreamers’, DACA, jornaleros o cocineros que se apegan a las leyes”, aseguró en su nota.

De León indicó también que si las autoridades locales son obligadas a ayudar a hacer cumplir la leyes de inmigración, la comunidad indocumentada -por miedo- no denunciará los delitos de los cuales son víctimas.

“Opino que los residentes indocumentados nunca jamás denunciarán los crímenes por temor a las autoridades a la deportación, los delincuentes vagarán libremente para victimizar a otros”, remató el legislador.

La propuesta, que ya fue aprobada en dos comités del Senado, prohíbe la colaboración de las autoridades locales de California con las agencias federales en temas de inmigración.

En un esfuerzo por recibir apoyo para la medida, De León logró tres una reciente modificación el respaldo del asambleísta demócrata de El Grove, Jim Cooper, “veterano de las fuerzas del orden por 30 años, y quien fuera capitán del Departamento del alguacil del Condado de Sacramento”.

La enmienda, que convierte a California en un “estado santuario”, requiere que las prisiones del estado y los condados notifiquen a las autoridades federales con 60 días de antelación antes de dejar en libertad a una persona indocumentada, condenada por un delito violento grave.

No obstante, tanto el jefe del Departamento de Alguaciles del Condado de Los Ángeles (LASD), Jim McDonnell, como la jefa del Departamento de Alguaciles del Condado de Orange (OCSD), Sandra Hutchens, se manifestaron en contra de la propuesta.

Ambos jefes consideran que la medida permitiría que muchos delincuentes condenados eviten la deportación y continúen “sueltos en las calles” aumentando el índice de delincuencia en el estado.

Hutchens opinó que al no permitir que los indocumentados detenidos pasen directamente a manos de las autoridades de inmigración, la medida hará que las agencias federales tengan que ir a buscarlos a sus comunidades aumentando el número de detenidos que no eran objeto directo de las acciones de cumplimiento.

No obstante, De León argumentó que su medida ayuda a proteger a los indocumentados y al público en general.

“La Ley de Valores de California (SB54) evita que la policía estatal local y escolar utilice sus recursos para investigar, detener o arrestar a individuos y gente trabajadora por razones de inmigración”, aseguró el hispano.

En su momento, el asambleísta Cooper también había declarado que la SB54 no sólo protegerá a los residentes más vulnerables sino que también protegerá al público al asegurar que el personal de la policía no ayudará a la deportación de los residentes.

La medida está programada para una tercera lectura ante el pleno del Senado y de ser aprobada pasará a su ciclo de estudio en la Asamblea.

Al ser presentada como una “medida de urgencia”, de obtener el apoyo de -al menos- dos terceras partes de los votos en el Senado y en la Asamblea y es firmada por el gobernador Jerry Brown, la ley empezaría a regir inmediatamente.