Los Ángeles – Dos senadores republicanos y varios alguaciles de California denunciaron la “amenaza a la seguridad pública” que supone el proyecto de ley que busca establecer al estado como “santuario” para los inmigrantes indocumentados.
El senador republicano Joel Anderson denunció la propuesta de ley SB54 del presidente encargado del Senado, el demócrata Kevin De León, y la calificó como una “amenaza a la seguridad pública” .
La SB54, conocida como “Ley de valores de California”, busca “prevenir el uso de recursos públicos, estatales y locales, que ayuden a los agentes federales para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en acciones de deportación”.
“Debemos garantizar la seguridad de todos nuestros residentes y proteger a los delincuentes violentos de la deportación no nos permite hacerlo”, afirmó el representante del Distrito 38.
Durante una conferencia de prensa realizada hoy en el Capitolio estatal de Sacramento, Anderson estuvo acompañado del senador por el Distrito 4, el republicano Jim Nielsen, y de varios jefes de departamentos de alguaciles de California.
El jefe del Departamento de Alguaciles del Condado de Sacramento, Scott Jones, argumentó que la SB54 favorece la criminalidad permitiendo que “peligrosos delincuentes de carrera” que han cometido delitos graves “sean dejados en libertad en las comunidades una vez cumplan sus condenas”.
En la reunión igualmente se recordaron nombres de residentes de California que han muerto a manos de indocumentados.
“Necesitamos permitirle al ICE acceso a nuestras prisiones y cárceles para que puedan identificar criminales peligrosos (indocumentados)”, argumentó Anderson.
No obstante, para el impulsor de la medida, la propuesta trata de proteger a los indocumentados que vienen a California, colaboran con el estado y buscan realizar sus sueños.
“Para los millones de residentes indocumentados que persiguen y contribuyen al sueño californiano, el estado de California será su muro de justicia, en caso de que la Administración entrante adopte una inhumana y excesiva política de deportación masiva”, dijo De León al presentar su proyecto de ley.
Según el jefe legislativo, la medida es todavía más importante en este momento en que la Administración del presidente Trump está buscando una aplicación proactiva de las leyes de inmigración, en alusión al memorando, firmado el 20 de febrero por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ampliando el campo para las prioridades de deportación.
La directriz migratoria precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos penales violentos, sino a todos aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.
Como consecuencia de esta nueva orden, en diferentes ciudades del país, las detenciones de indocumentados han generado temor y zozobra entre las comunidades inmigrantes.
“Déjenme ser claro, queremos trabajar juntos para sacar a los criminales violentos de nuestros vecindarios”, aseguró De León en una declaración enviada a Efe.
“Sin embargo, (agregó), seguimos profundamente preocupados por la reciente decisión de la nueva Administración de dar prioridad a casi todos los residentes indocumentados en California para su deportación y su aparente incapacidad para informar con precisión al público de sus operaciones de manera oportuna”.
El líder de la minoría republicana del Senado, el representante del Distrito 16 Jean Fullerþ, también se manifestó en contra de la medida y aseguró que “los republicanos del Senado no sacrificarán la seguridad de nuestro vecindarios para proteger criminales”.
La propuesta, que ya fue aprobada en el Comité de Seguridad Pública del Senado, está prevista para una audiencia pública en el Comité de Apropiaciones -de mayoría demócrata- el próximo 13 de marzo.
“Si estamos recibiendo 100 mil millones de dólares en fondos federales, 85 mil millones de los cuales van a las comunidades locales, ¿quién es Sacramento para poner en peligro esa financiación para nuestras comunidades locales?”, cuestionó en una declaración enviada a Efe el senador republicano John Moorlach, que representa al condado de Orange.
A su vez, la directora ejecutiva de la red de defensoría We the People Rising, Robin Hvidston, criticó a la SB54 y la tachó como una medida peligrosa para las comunidades.
“Cuando nuestro estado elabora proyectos que no apoya ni respetan la ley Federal, eso pone a nuestra nación en riesgo”, señaló a Efe la activista.
California es el estado del país con mayor cantidad de inmigrantes indocumentados, calculados en 2,4 millones según un estudio del Centro de Investigación Pew.
