SANTA ANA – Un juez condenó a Carlos Bustamante, ex figura en ascenso en la escena política del condado de Orange, a un año de cárcel por varios cargos de delitos sexuales; Bustamante iniciará una temporada detrás de las rejas el próximo mes.
Además de la sentencia de prisión, Bustamante – un ex concejal de la ciudad de Santa Ana y administrador de Obras Públicas del condado de Orange – recibió cinco años de libertad condicional y está obligado a registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida; también se le ordenó mantenerse alejado de las siete subordinadas a quienes admitió haber hecho avances de índole sexual.
Bustamante mantuvo el rostro agachado el viernes, 22 de enero, y los ojos cerrados en el momento que el juez, John D. Conley, dictó sentencia. La audiencia se llevó a cabo un mes después de que Bustamante se declaró culpable de tres cargos de intento de agresión sexual, acoso y hurto – por robar más de $3,100 en fondos de impuestos – así como varios cargos por delitos menores.
Bustamante comenzará a cumplir con su sentencia el 26 de febrero. Con créditos por buen comportamiento, podría salir libre en seis meses.
Justo antes de dictarse sentencia, un fiscal del condado criticó duramente a Bustamante por caer muy por debajo de la confianza que los líderes locales depositaron en él mientras ascendía rápidamente en la escena política.
“Las personas buenas y honestas del condado de Orange se ven manchadas por su asociación con el acusado”, dijo el asistente de la Fiscalía del condado, James C. Harman.
Los fiscales explicaron que pidieron la aprobación de las siete víctimas antes de ofrecer un acuerdo con la fiscalía; el acuerdo evitaría a las mujeres la necesidad de testificar en el tribunal y revivir sus experiencias.
“El señor Bustamante tuvo que sentarse en el tribunal y admitir que no era inocente de los cargos, que era culpable”, expresó el vice Fiscal de Distrito, Aleta Bryant. “Tuvo que asumir su responsabilidad”.
Durante la audiencia a principios de diciembre cuando Bustamante se declaró culpable, los fiscales leyeron cartas de dos de las víctimas que explicaban cómo les afectó los avances sexuales, tato emocional como profesionalmente.
Bustamante se negó a hacer comentarios durante o después de la audiencia del viernes. Pero su abogado, Brent Romney, explicó que el acuerdo con la fiscalía eliminó el riesgo de una pena de prisión, si el caso se hubiese resuelto en un juicio, y permitirá a Bustamante a continuar con su vida.
Los fiscales alegaron que, durante un período de ocho años, Bustamante atrajo con engaños a las mujeres a su oficina y las besó, abrazó y tocó inapropiadamente. La mayoría de las mujeres, inicialmente sintieron temor de reportar lo que ocurría debido a la influencia de Bustamante en la escena política del condado.
“La palabra ‘intocable’ surgió una y otra vez, ya que contaba con conexiones hasta el gobierno estatal”, dijo Bryant.
Romney indicó que está cerca de lograr un acuerdo para que Bustamante pague su condena en una cárcel de la ciudad en lugar de una del condado. El abogado se negó a decir cuál cárcel de la ciudad, pero indicó que no sería Santa Ana, debido a los amplios vínculos de Bustamante en la ciudad.
Debido a que Bustamante, ahora como contratista independiente, de vez en cuando hace negocios con el condado, su abogado aclaró con el juez que las órdenes de protección y restricción que le prohíben a Bustamante la interacción con las víctimas solo se aplica al contacto intencional.
“La preocupación del señor Bustamante es que no pueda entrar a un edificio del condado o ir a una ventanilla pública…no quiere regresar aquí, al tribunal, por las reclamaciones de algún individuo excesivamente vigilante que piense que se incumplió la orden de protección”, explicó Romney.
Según informes, desde que perdió su empleo en el condado, con un salario de $170,000 al año, Bustamante ha tenido problemas en reconstruir su vida.
Los funcionarios del condado buscan la restitución de cerca de $8,500 de Bustamante, que afirman incluye la cantidad que tomó en reembolsos indebidos y el costo de una investigación interna.
“Nadie está por encima de la ley, especialmente los que abusan del poder de autoridad sobre sus subordinados para hostigarlos o cometer delitos sexuales”, dijo el Fiscal de Distrito, Tony Rackauckaus, en un comunicado difundido un poco después del veredicto.
