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 Los agentes del Departamento de Policía de Murrieta intentan separar a los manifestantes que protestaban en las afueras de la estación de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Murrieta, el 4 de julio 2014.
Los agentes del Departamento de Policía de Murrieta intentan separar a los manifestantes que protestaban en las afueras de la estación de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Murrieta, el 4 de julio 2014.
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Dos hombres, que fueron arrestados el 4 de julio durante manifestaciones pro-inmigración en las afueras de la estación de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Murrieta, presentaron demandas en contra de la ciudad y el condado de Riverside, alegan haber sido víctimas de mala conducta por parte de la policía y maltratos en la cárcel.

Pouyan Bokaei, de 33 años, y Salvador Chávez, de 25 años, ambos de Los Ángeles, fueron acusados de resistencia a la autoridad y linchamiento, que se define bajo la ley de California como ‘tomar a una persona de la custodia legal de un agente por medio de un motín’. Los cargos fueron desestimados este mes.

El lunes, 9 de febrero, la ciudad rechazó las alegaciones de Bokaei y Chávez, las cuales fueron presentadas en enero, y citan daños de más de $10,000. El condado de Riverside también rechazó los alegatos interpuestos por Bokaei.

El abogado de ambos, Gerald Singleton, dijo que tienen planes de demandar.

Las detenciones se produjeron durante las acaloradas protestas tres días después que un grupo de manifestantes anti-inmigración ilegal bloqueó a los autobuses de migrantes centroamericanos, los cuales los agentes federales intentaban trasladar a la estación para ser procesados.

Se detuvieron a cinco manifestantes pro-inmigración ese día, Bokaei y Chávez fueron dos de los cinco.

Jessica Rey, de 25 años de Menifee; Janet Mathieson, de 23 años de Claremont; y, Jacqueline Sánchez, de 27 años de Los Ángeles, también fueron arrestadas y se les presentaron cargos. Cada uno de ellos se declaró culpables de un cargo menor por resistir a la autoridad, pero aún no se les dicta sentencia.

Las demandas alegan que la policía se enfocó en los manifestantes pro-inmigrantes a quienes “percibieron de tener ideologías políticas impopulares”, al mismo tiempo que permitieron las protestas de los manifestantes anti-inmigración ilegal —como los que bloquearon el camino el 1ro de julio— quienes hicieron caso omiso de la ley, con impunidad.

“Desafortunadamente”, los reclamos alegan “varios de los agentes de la policía de Murrieta que estaban presentes albergaban fuertes sentimientos anti-inmigración (y/o de derecha), y se

centraron en el puñado de personas a favor de la inmigración en base de su raza, origen étnico, credo y orientación política”.

Jeff Morris, abogado de la ciudad, se negó a comentar sobre las acusaciones.

El capitán de la policía, Rob Firmes, sin embargo, ha mencionado en el pasado que los agentes mostraron “enorme moderación”.

El sargento, Mike Manning, portavoz del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside, dijo que el departamento no puede emitir comentarios sobre litigios pendientes.

Las autoridades han dicho que la policía intentó detener a Mathieson por obstruir a un agente, y Bokaei intervino. Explicaron que Mathieson saltó sobre la espalda de un agente, y los otros tres acusados se unieron en un intento por liberar a Mathieson y Bokaei.

Las acusaciones alegan que un manifestante anti-inmigración ilegal amenazó a Mathieson y a otra mujer después que ambas se acercaron al territorio opuesto. Pero en lugar de restringir al manifestante anti-inmigración, el agente agarró a Mathieson, según los alegatos. Ella trató de liberarse de las manos del agente.

De acuerdo a las acusaciones de Bokaei, un vídeo del incidente contradice la versión de la policía en cuanto a su participación. El vídeo muestra que Bokaei no se encontraba entre las personas que intentaron liberar a Mathieson, según las acusaciones.