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La familia de Romulo Avelica, quien fue detenido por Inmigración cuando llevaba a sus hijas a la escuela, espera su  posble liberación gracias a una nueva ley estatal.
La familia de Romulo Avelica, quien fue detenido por Inmigración cuando llevaba a sus hijas a la escuela, espera su posble liberación gracias a una nueva ley estatal.
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El caso del mexicano Rómulo Avelica sienta precedentes históricos para los inmigrantes, gracias a la Ley AB 813

Rómulo Avelica González, el inmigrante mexicano que fue detenido por agentes de inmigración cuando dejaba a su hija en una escuela de Los Ángeles se ha convertido en el primer beneficiario de los efectos de la Ley AB 813 y su familia ya tiene la esperanza de que pronto lo volverán a tener en casa.

Esta ley, promovida por la asambleísta Lorena González Fletcher, (D-San Diego) cambiará la vida de personas inocentes y de  los inmigrantes que se enfrentan a la amenaza de deportación.

La legislación entró en vigor el pasado 1 de enero  y  proporcionar a los inmigrantes una vía para impugnar las condenas legalmente inválidas, algo que podría beneficiarlos ahora con las nuevas directrices del gobierno en materia de Inmigración.

Avelica González, originario de Nayarit, México fue arrestado el pasado 28 de febrero por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando llevaba a sus hijas a la escuela.

Aquel día, entre lágrimas, Fátima, de 14 años de edad, quien se encontraba en el auto, grabó un video con su celular y lo compartió con la administración de la escuela Academia Avance Charter de Highland Park, lo subieron a la red electrónica y lo compartieron con los medios de comunicación. https://www.youtube.com/watch?v=-W-v9tYwVXo

“Gracias al apoyo de la comunidad seguimos teniendo la esperanza de que mi papá sea liberado pronto”, dijo Brenda Avelica, de 24 años, la mayor de cuatro hermanas, quien es asistente médica. “Sin mi padre en casa la vida es difícil”.

Miembros de la comunidad, 19 miembros del Congreso y 11 integrantes del ayuntamiento de Los Ángeles, entre ellos el concejal de Los Ángeles, Gil Cedillo, el presidente del LAUSD, Steve Zimmer y decenas de líderes religiosos manifestaron su respaldo a la familia Avelica y demandaron la liberación de Rómulo.

“Hay muchas personas entre los inmigrantes que no tienen un abogado, pero también hay muchos que lo han tenido y solamente han sido explotados”, dijo Cedillo a Excélsior. “El caso de Rómulo Avelica ha levantado olas en comunidades de todo el país y nos ha inspirado a construir una respuesta coordinada; hemos recibido noticias que los cargos contra él han sido retirados”.

Delitos borrados

Rómulo Avelica, quien trabajaba en un restaurante y ha vivido por más de dos décadas en el condado de Los Ángeles, cayó en manos de agentes de ICE por dos convicciones previas de recibir propiedad robada en 1998 y manejar bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI) en 2008.

El cargo de DUI le fue retirado en mayo, porque no tuvo representación de un abogado cuando se declaró culpable y no llenó correctamente las formas de renuncia a un derecho; el cargo de 1998 también le fue rescindido por un juez. Él se encuentra todavía recluido en el centro de detención en Adelanto, California.

Steve Escovar, quien junto con el abogado Alan Diamante han litigado el caso del señor Avelica, aseguró que, “el juez estuvo de acuerdo con mi posición que [Rómulo Avelica] no comprendió las consecuencias de su declaración y revocó la condena”., indicó Escovar.

AB 813: Un rayo de justicia

La AB 813, ofrece un simple cambio de procedimiento a la ley estatal y su impacto podría cambiar la vida de las personas inocentes y los inmigrantes que se enfrentan a la amenaza de deportación debido a la legalidad de algunas convicciones previas.

Antes de la ley, sólo las personas que están cumpliendo su tiempo o están en libertad condicional o libertad condicional podían objetar su condena y pedirle a un tribunal que la revisara.

Una vez que alguien era puesto en libertad, no podía impugnar esa condena – incluso si haya habido pruebas descubiertas recientemente para probar su inocencia.

Esta brecha en la ley tuvo un efecto particularmente devastador en las personas inocentes que eran condenadas injustamente y los inmigrantes que se declaraban culpables de un crimen sin ser informados de que este motivo podría resultar en su deportación.

Aunque AB 813 no garantiza la reversión automática de la condena, sí ofrece la oportunidad de pedir a un juez que reconsidere la validez de la condena.

“Sentimos como algo de alivio”, comentó Jocelyn Avelica, de 20 años, luego de conocer que su padre sería, si no el primero, sí uno de los primeros beneficiados con la ley AB 813. “Pero no nos sentiremos bien hasta que mi papá esté de regreso en casa”.

La AB 813 fue copatrocinada por la Unión Americana de Libertades Civiles de California, los Abogados de California por la Justicia Criminal, la Asociación de Defensores Públicos de California, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles.

“Una vez más, California está trayendo un rayo de justicia a los sistemas de inmigración y justicia penal, que están plagados de injusticias”, dijo Mata Ingram, abogada legislativa de la ACLU del Centro de California para la Defensa y la Política. “Agradecemos al Gobernador [Jerry] Brown por haberlo firmado.