Austin.- Una coalición formada por dieciséis estados y liderada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, ha apoyado frente al Tribunal Supremo el veto migratorio presentado por el presidente, Donald Trump, contra la entrada de personas de seis países de mayoría musulmana.
“Esta orden ejecutiva (la del veto migratorio) es una respuesta adaptada a una amenaza muy real para nuestra seguridad nacional”, apuntó hoy Paxton en un comunicado al anunciar la presentación del documento de “amicus curiae” (amigo de la corte) ante el Supremo.
Según el fiscal general texano, es “necesario” que haya una pausa temporal a la entrada de refugiados y personas procedentes de ciertos países con “mayores problemas de seguridad” para apuntalar los procedimientos de selección de quienes entran a Estados Unidos.
Además de Paxton, los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Kansas, Luisiana, Montana, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Virginia Occidental y el gobernador de Misisipi, todos ellos republicanos, suscribieron este documento judicial.
“Los firmantes tenemos un interés muy grande en defender la seguridad de nuestros habitantes y en que el presidente tenga la capacidad de poder suspender la entrada de extranjeros si considera que es por el bien público”, argumentaron las autoridades locales en el texto presentado este lunes ante el Tribunal Supremo.
Trump ordenó en enero cerrar temporalmente las puertas a todos los refugiados e inmigrantes de siete países musulmanes -Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen-, convirtiendo la política de asilo en parte de su estrategia antiterrorista y de defensa.
La medida ejecutiva mandó la suspensión de todas las acogidas de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que radicales no pisan territorio estadounidense.
Además, incluyó la suspensión en la concesión de visados de varios países de mayoría musulmana hasta que se adoptasen procesos de “escrutinio extremo”, algo que fue visto por algunas organizaciones como un paso hacia la prohibición de la migración musulmana.
Sin embargo, un juez federal de Seattle (Washington) bloqueó el veto migratorio una semana después de que el mandatario firmase la orden presidencial que supuso su entrada en vigor.
Trump sustituyó entonces la orden por una segunda versión, que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
No obstante, un juez de Hawái también bloqueó indefinidamente en marzo la segunda orden ejecutiva de Trump, antes de que entrase en efecto.
El presidente estadounidense recurrió la semana pasada al Tribunal Supremo para intentar que desbloquee su veto migratorio.
“Hemos pedido al Tribunal Supremo que tome este importante caso y estamos confiados en que el decreto del presidente Trump se encuadra dentro de sus atribuciones legales para mantener la seguridad de la nación y proteger a nuestras comunidades del terrorismo”, anunció entonces el Departamento de Justicia.
