PHOENIX — Los patrullajes contra la inmigración ilegal en Arizona ordenados por Joe Arpaio, autoproclamado el alguacil más duro de Estados Unidos, fueron abordados el jueves, 19 de julio, en un tribunal federal de Phoenix, donde un grupo de hispanos busca demostrar que los agentes de la oficina del alguacil los discriminaron como parte de una política sistemática de encasillamiento racial.
El abogado de las personas que interpusieron una demanda civil contra la oficina de Arpaio dijo en sus primeras declaraciones que la evidencia demostrará que Arpaio y sus agentes discriminaron a los latinos.
“Nuestro punto de vista es que el problema comienza desde arriba”, afirmó el abogado Stan Young.
Tim Casey, que defiende a Arpaio, dijo que los patrullajes fueron planeados y ejecutados adecuadamente, y que incluso estuvieron por encima de los estándares de la policía en general. “La raza y el origen étnico no tuvieron nada que ver con las detenciones de tránsito”, afirmó.
Arpaio ha dicho que se detuvo a las personas porque los agentes tenían causa probable para creer que habían cometido delitos y que los policías se enteraron después de que muchos de ellos no tenían permiso para estar en el país.
Los demandantes no solicitan una indemnización económica, sino que desean una declaración de que la oficina de Arpaio encasilla a la gente según su raza, así como una orden judicial que lo obligue a hacer cambios para impedir lo que dicen es una actividad policial discriminatoria.
La demanda servirá antecederá a otra interpuesta por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que alega que la oficina de Arpaio violó los derechos civiles en una gama más amplia.
Un abogado que encabeza la demanda del DOJ contra Arpaio estuvo presente en el juicio como observador.
Se prevé que Arpaio, quien no compareció el jueves, sea llamado para que testifique el martes, 24 de julio, en el tribunal.
Durante años, Arpaio ha negado vehementemente las acusaciones de que sus policías en el condado más poblado de Arizona se enfocan en los latinos cuando realizan patrullajes en busca de inmigrantes que no tienen autorización para vivir en el país.
Los demandantes dicen que los agentes al mando de Arpaio detenían a algunos conductores con base en su apariencia hispana, sin tener una causa probable para detenerlos, y que sólo ordenaban las paradas para poder interrogarlos acerca de su estatus migratorio.
David Vásquez, un especialista en tecnologías de la información de Mesa, Arizona, que se identificó a sí mismo como un mexicano-estadounidense, dijo que él y su esposa fueron detenidos durante una redada en junio de 2009 mientras la pareja se dirigía a cenar. Uno de los agentes que los detuvo le preguntó a Vásquez si hablaba inglés, idioma que de hecho habla.
“Me causó gracia que me hiciera esa pregunta porque sentí como si hubiera sido seleccionado. Nunca me habían hecho esa pregunta”, dijo Vásquez. Agregó que al conducir respetaba el límite de velocidad y no había violado ninguna ley de tránsito.
Cinco o 10 minutos después de haber sido detenido, un oficial dijo haber parado a Vásquez porque traía una cuarteadura en su parabrisas, la que de acuerdo con Vásquez no bloqueaba la vista.
El agente no lo multó. Vásquez ahora se pregunta cómo el policía logró detectar la cuarteadura en el parabrisas dada su ubicación en una intersección.
Después de que los agentes los dejaron ir, Vásquez dijo haber pensado que había sido discriminado racialmente y le dijo a su esposa: “Creo que fui detenido por ser moreno”.
Al ser interrogado por un abogado de Arpaio, Vásquez dijo que no reportó la detención de tránsito a las autoridades y meses después fue contactado por detractores de Arpaio que habían captado en video la detención.
Otro hispano, en su testimonio, narró cuando lo detuvo un agente del alguacil en diciembre de 2007.
David Rodríguez dijo que fue detenido cuando él y su familia iban en un vehículo por un camino sin pavimentación y terminaron en un camino cerrado.
Rodríguez señaló que recibió una multa, mientras que a otros conductores de raza blanca que recorrían el mismo camino se les dejó ir con sólo una amonestación.
Según Rodríguez, el agente le solicitó la tarjeta del Seguro Social, además de la licencia de conducir, así como el registro y prueba de que estaba asegurada la camioneta que conducía. A la preguntó de ¿por qué creía que se le trató diferente?, Rodríguez respondió “porque soy hispano”.
En su turno en el interrogatorio, el abogado de Arpaio indicó que el agente sólo solicitó el número del Seguro Social de Rodríguez para completar el formulario de una multa de tránsito y que los otros conductores tenían permitido usar el camino cerrado para que observaran los daños a la propiedad que había causado una tormenta.
La demanda tiene acusaciones de encasillamiento racial similares a las señaladas en el caso del DOJ. Esa demanda afirma que la oficina de Arpaio tomó represalias contra sus críticos, castigó a los reos hispanos que hablaban español y no investigó adecuadamente un gran número de casos de delitos sexuales.
No se ha fijado una fecha para ese juicio.
Carissa Byrne Hessick, profesora de Derecho de la Universidad Estatal de Arizona, dijo que si Arpaio pierde el caso actual, es muy probable que el veredicto se mantenga como el fallo sobre si la oficina de Arpaio discrimina racialmente.
Probablemente el alguacil no pueda refutar de nuevo las acusaciones de discriminación en el caso del DOJ, aunque podría hacerlos con las otras acusaciones, dijo Hessick.
Si Arpaio gana, al DOJ no se le impediría presentar sus acusaciones de discriminación racial en el juicio. El juez que lleve ese caso podría inclinarse a fallar en contra de la agencia federal en la acusación de discriminación racial debido a que habría un fallo anterior en el sentido de que los hechos no sustentan la acusación.
Arpaio ha dicho que la demanda del DOJ es un ataque del gobierno del presidente Barack Obama con motivos políticos y cuyo fin es atraer el voto de los hispanos en un año electoral. Funcionarios del DOJ indicaron que su investigación a la oficina de Arpaio por presunta violación a los derechos civiles comenzó durante el gobierno del entonces presidente George W. Bush y que se notificó al alguacil sobre la investigación pocos meses después de que Obama asumiera el cargo.
Arpaio ha fincado su reputación en la aplicación de las leyes migratorias y, a cambio, se ganó el respaldo y las contribuciones económicas de personas de todo el país que le ayudaron a crear un fondo de financiación de campaña de $4 millones.
Los patrullajes han generado acusaciones de que Arpaio ordenó algunos de ellos no con base en reportes delictivos, sino en cartas de residentes de Arizona que se quejaron por la presencia de personas de piel morena o que hablaban español.
Los abogados de los demandantes dicen que planean demostrar que la oficina de Arpaio tenía una política que era intencionalmente discriminatoria, en parte, enfocándose en su acusación de que Arpaio lanzó algunos patrullajes basado en quejas ciudadanas de fuerte carga racial.
Algunas de las personas que presentaron la demanda fueron detenidas por agentes durante patrullajes regulares, mientras que otras fueron detenidas en redadas migratorias especiales.
Durante los operativos, los agentes incursionan en un área de una ciudad —en algunos casos, zonas de gran población hispana— durante varios días en busca de infractores de tránsito y arrestaban a otros infractores.
Los inmigrantes no autorizados representan el 57 por ciento de las 1,500 personas arrestadas durante las 20 redadas realizadas por su oficina desde enero de 2008, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la oficina de Arpaio. La oficina no ha realizado ningún patrullaje especial desde octubre.
