LOS ANGELES — El Arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, relevó al cardenal retirado Roger Mahony de las funciones que seguía desempeñando, y uno de sus ex colaboradores renunció a su cargo actual, la misma noche en que la Iglesia hizo públicas miles de páginas de expedientes personales de sacerdotes acusados de abuso sexual.
“Estos expedientes me resultan brutales y dolorosos de leer”, dijo Gómez en un comunicado en referencia a los documentos recién publicados por la Iglesia el jueves por la noche justo horas después de la orden de un juez. “La conducta descrita en estos expedientes resulta terriblemente lamentable y malvada. No hay excusa, no hay manera de explicar lo que le sucedió a estos niños”.
Gómez anunció que ha “informado al cardenal Mahony que ya no tiene ninguna función administrativa o pública”.
Mahony, que se retiró en 2011 luego de más de 25 años al frente de la arquidiócesis, se ha disculpado públicamente por los errores que cometió al enfrentar casos de sacerdotes que abusaron de niños.
Gómez agregó que Thomas Curry, ex vicario del clero bajo las órdenes de Mahony y quien fue la persona asignada por el cardenal para hacerse cargo de los sacerdotes acusados de abuso sexual, ha renunciado a su actual cargo de obispo auxiliar de la arquidiócesis de la región de Santa Bárbara. Curry también emitió una disculpa a principios de este mes.
Más temprano, la jueza de la Corte Suprema de Justicia de Los Ángeles, Emilie Elías, ordenó que la diócesis entregara unas 30,000 páginas de los archivos confidenciales de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de niños, sin tachar los nombres de jerarcas eclesiásticos responsables por los clérigos que habrían cometido las violaciones.
El juez dio a la arquidiócesis hasta el 22 de febrero para entregar los archivos a los abogados de las presuntas víctimas. Los documentos se divulgaron casi de inmediato.
El material recopilado, al que ha tenido acceso, está seleccionado de entre 12.000 páginas de comunicaciones internas, informes psiquiátricos y correspondencia con el Vaticano acerca de los 122 curas de la diócesis acusados de abusos sexuales.
“Este material documenta abusos que ocurrieron décadas atrás. Pero eso no lo hace menos serio. Estos archivos suponen una lectura brutal y dolorosa. El comportamiento descrito en estos documentos es terriblemente triste y malvado”, afirmó Gómez en la misiva publicada por la archidiócesis de Los Ángeles.
“No hay excusa alguna, no hay explicación para lo que les ocurrió a estos niños. Los curas involucrados tenían el deber de ser sus padres espirituales y fracasaron. No puedo deshacer los errores del pasado que encontramos en estas páginas. Leer estos documentos y reflejarme en las heridas que causaron ha sido la experiencia más triste que he tenido desde que soy arzobispo”, manifestó Gómez.
El portavoz de un grupo de apoyo a las víctimas indicó que la decisión tomada por Gómez era necesaria desde hace tiempo pero que apenas supone un pequeño paso después de que su institución pasara años protegiendo a los implicados.
“Darle un manotazo ahora a Mahony es un gesto casi insignificante”, apuntó al diario Los Angeles Times David Clohessy, director de la organización SNAP (Asociación de Supervivientes de los Abusos de los Curas, por sus siglas en inglés).
“Cuando realmente tenía poder y abusó de él de forma horrible, debió haber sido castigado por la jerarquía eclesiástica, en Roma y en Estados Unidos. Pero ningún clero católico tuvo el coraje de ni siquiera denunciarlo”, sostuvo.
Entre los documentos hechos públicos se encuentra el archivo personal del padre José Ugarte, que contiene una carta fechada en 1993 y enviada a la archidiócesis por un hombre cuyo nombre fue suprimido, en la que se afirma que Ugarte comenzó a abusar sexualmente de él en 1983, cuando la víctima tenía 17 años.
Según los documentos, Mahony y Ugarte llegaron a un acuerdo para que el cura español abandonara el país y residiera de forma permanente en España, su país de origen.
La archidiócesis de Los Ángeles llegó a un acuerdo en 2007 con las más de 500 víctimas de esos abusos sexuales infantiles, cuyas familias recibieron el pago de 660 millones de dólares por parte de la Iglesia.
Mahoney calificó aquellos abusos como “un crimen y un pecado terrible”.
La archidiócesis revisó en octubre de 2005 la guía de políticas para adultos que se relacionan con menores en actividades de la institución.
