Un agente de inmigración asesinado después de dispararle a su gerente durante una disputa de trabajo el mes pasado, fue descrito como un “agente corrupto” que fue objeto de varias denuncias por los abogados de derechos de los inmigrantes, después de que él supervisara una redada de 2010 en Fullerton, dijo el viernes American Civil Liberties Union (ACLU) del sur de California.
Los funcionarios de ACLU acusaron al agente de Inmigración y Aduanas, Ezequiel García, de la utilización de tácticas abusivas y de intimidación hacia los trabajadores inmigrantes, después de una acción en Terra Universal, una compañía de fabricación de Fullerton, de acuerdo a un documento archivado de un tribunal federal, modificado por una denuncia presentada el jueves.
La ACLU está pidiendo a la corte de Los Ángeles que obligue al ICE a entregar los expedientes relacionados con el ataque encabezado por García.
Los funcionarios de la ACLU sostienen que los registros arrojan luz sobre las acciones de García y cómo respondieron los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
“Esto contribuirá aún más a la comprensión del público acerca de si el ICE tomó medidas disciplinarias o de supervisión, sobre la recepción de quejas de la conducta del señor García, o cualquier otra conducta ilegal o abusiva en relación con el centro de trabajo Terra Raid”, señala la queja.
El 16 de febrero, el agente de Investigaciones en Seguridad Nacional del ICE, Ezequiel García, fue asesinado durante un tiroteo en el ICE de Long Beach, declararon los funcionarios de inmigración. Los medios de comunicación informaron que García estaba en medio de su evaluación de desempeño en el trabajo cuando le disparó e hirió al agente especial Kevin Kozak, que es el segundo a cargo de la unidad del departamento de investigación y seguridad del ICE para el área de Los Ángeles. Otro agente sacó su pistola y disparó mortalmente a García.
La portavoz de ICE, Virginia Kice, dijo que no podía comentar sobre el caso.
“Teniendo en cuenta nuestro deseo de preservar la integridad de las múltiples investigaciones que aún están en curso en el tiroteo del mes pasado…no estamos comentando sobre las pretensiones de la ACLU”, afirmó.
Un abogado de ACLU ha puesto en marcha numerosas quejas en contra de García con el ICE después de la incursión en Terra Universal el 29 de junio de 2010, donde 43 trabajadores fueron detenidos bajo la sospecha de trabajar sin documentos en el país. García fue el investigador en jefe del caso de Terra y trabajó en el edificio federal de Santa Ana en ese momento, dice la queja presentada por ACLU en la corte.
La abogada de ACLU, Jennie Pasquarella, dijo que ella se había quejado e incluso le escribió al director del ICE, John Morton, después de que García detuvo y encarceló a un trabajador porque se negó a revelar su estatus de inmigración durante una entrevista después de la redada en el lugar de trabajo, alega la reclamación de ACLU.
Pasquarella dijo que está acostumbrada a interactuar con la aplicación de la ley en sus seis años de experiencia con la ley, pero dijo que García era diferente.
“Él mostró un grado bastante chocante de ira y actuaba de una manera muy vengativa”, dijo Pasquarella. “Tengo la sensación de que este tipo era un agente corrupto de algún tipo”.
En la tarde de la redada de junio, García negó a Pasquarella y a otros abogados de la ACLU el acceso para proporcionar asesoría legal a los trabajadores detenidos en poder del centro de procesamiento de inmigración de Santa Ana, dicen los documentos de la corte.
Los abogados más tarde consiguieron el acceso y la mayoría de los trabajadores fueron puestos en libertad con la notificación de que podrían ser requeridos nuevamente, pero los problemas continuaron, según los documentos judiciales presentados por la ACLU.
Una semana o dos después de la redada, García y otros agentes del ICE entrevistaron a varios de los trabajadores en Santa Ana. Fue entonces cuando, dicen los documentos de la corte, García amenazó a los trabajadores con la detención si no respondían a todas sus preguntas. Una trabajadora en particular fue separada de su abogado, fue detenida y pasó un día y medio en la cárcel después de haber ejercido su derecho constitucional a guardar silencio, dijo Pasquarella.
Los oficiales del ICE sospechaban que muchos de los trabajadores eran indocumentados, pero que optaron por usarlos como testigos para poder presenter un caso criminal contra el empleador, Terra Universal.
La semana pasada, el propietario de Terra, Gholam “George” Sadaghiani, se declaró culpable de contratar a personas indocumentadas en el país, de acuerdo a los documentos de la corte federal.
Los trabajadores ganaron un poco más de 373,000 en salarios atrasados.
