Un grupo de graduados universitarios que se encuentran en el país, sin documentos, algunos políticos y un grupo de vigilancia anunciaron el martes de esta semana que están demandando al Senado de Estados Unidos por el uso de la regla de obstruccionismo para impedir el paso de un proyecto de ley que les habría dado un camino hacia la ciudadanía.
Los jóvenes activistas de los derechos de inmigrantes unidos y aliados con el grupo Common Cause y partidarios políticos discutieron la presentación de la demanda en una conferencia de prensa en Washington, DC. Dijeron que presentaron la demanda, el lunes de esta semana, para impugnar la constitucionalidad de las normas de lay leyes en el Senado, que requiere de 60 votos en la aprobación de leyes y que a menudo cuentan con el apoyo de la mayoría.
En 2010, el Dream Act llegó a la Cámara de Representantes y al Senado, pero fue derrotado después de una maniobra obstruccionista. El Dream Act daría a algunos graduados universitarios y aspirantes militares que se encuentran ilegalmente en el país, una oportunidad de residencia legal y ciudadanía con el tiempo.
“Las vidas de miles de jóvenes de todo el país, que viven en constante temor a la deportación, están en función de que esta legislación pase”, dijo el grupo en una declaración preparada. “Sin embargo, a pesar de que el 70 por ciento de los estadounidenses apoya el Dream Act y la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con una mayoría de votos, no fue aprobada en los Estados Unidos debido a la regla de obstruccionismo del Senado. Aunque la mayoría, 55 senadores, votaron por el sí, una minoría no permitió que este sueño se convierta en una realidad”.
La activista anti-inmigración de indocumentados Barbara Coe, quien encabeza un grupo en Huntington Beach, dijo que no está muy preocupada por la demanda.
“Yo estaría muy, muy sorprendida si una demanda contra el Senado tuviera éxito, debido a que ellos están muy protegidos”, dijo Coe, quien encabeza la California Coalition for Immigration Reform.
Ella y otros activistas anti inmigración de indocumentados han llamado al proyecto de ley Dream Act una amnistía provisional, indicando que estaba viciada y contiene importantes lagunas.
“Obviamente estoy contra el Dream Act en cualquier manera o forma que sea, así que cualquier técnica disponible para derrotarla, estamos obviamente dispuestos a apoyarla”, agregó.
Los demandantes Erika Andiola, César Vargas y Celso Mireles son tres graduados de la universidad que están en el país sin documentos. Sus padres los trajeron de niños a los Estados Unidos desde México. Cada uno obtuvo un título universitario con honores y estaría en camino de convertirse en ciudadano de Estados Unidos si el Dream Act hubiera pasado.
Jorge Gutiérrez, de 28 años de edad y quien vive en Santa Ana, se graduó de Cal State Fullerton con una licenciatura en Inglés, pero dice que no puede comenzar su carrera porque está en el país sin documentos.
Si bien no es un demandante en el juicio, dijo que cree que el movimiento va a llamar la atención sobre el Dream Act.
“Creo que el simbolismo es muy poderoso. Se trata de jóvenes indocumentados que amplían los limites y dan esperanza a otros jóvenes indocumentados”, dijo.
Gutiérrez dijo que esto está lejos de responsabilizar a los políticos, por no votar para aprobar la Ley Dream.
“Hay que asegurarse de que la comunidad latina recuerda que el DREAM Act no pasó y hay que asegurarse de mantener eso en mente, mientras que las elecciones están en marcha”, dijo.
Los activistas declararon que la regla de obstruccionismo rutinariamente cierra el debate, previene a los legisladores de hacer su trabajo y se burla del proceso legislativo, de acuerdo con un informe de prensa de inPolitico.com.
Common Cause, un grupo de control no partidista, fue el principal demandante. Otros demandantes en el caso también incluyen al representante demócrata de Maine Michael Michaud, al representante demócrata de Georgia Hank Johnson y al representante demócrata de Minnesota Keith Ellison y a los tres graduados de la universidad
El proyecto de ley, derrotado en 2010, habría permitido a los estudiantes que están en el país sin documentos y que han terminado por lo menos dos años de universidad o servicio militar, solicitar estatus legal. El proyecto de ley también los protegería de la deportación y los haría elegibles para los préstamos estudiantiles federales y programas de estudio y trabajo. Aquellos que calificarían serían los estudiantes que han vivido aquí por lo menos cinco años antes de que el proyecto de ley se convirtiera en ley, y que hubieran llegado antes de los 16 años de edad. Los solicitantes tendrían que ser menores de 36 años.
Sin embargo, los opositores a la propuesta dijeron que el proyecto no tenía las garantías suficientes para saber si los solicitantes mentían sobre la primera vez que llegaron a este país.
Además, algunos activistas de la ley de inmigración, dijeron que el proyecto de ley alentaría la migración en cadena, pues los estudiantes con el tiempo serían capaces de patrocinar a los padres sin documentos que están en el país su ciudadanía de Estados Unidos.
Sin embargo, no es un proceso automático y los solicitantes tendrían que esperar para obtener un estatus legal primero y luego esperar cinco años, antes de tener derecho a solicitar la ciudadanía de EE UU. Sólo entonces podrían pedir a un padre, otro largo proceso en sí mismo.
El anuncio del martes de esta semana es el último esfuerzo por parte de activistas del Dream, para mantener el tema y proyecto de ley en la vanguardia de la política estadounidense.
La demanda también se produce en un momento en que el Congreso está sumido en una paralización partidista y en medio de denuncias de que el obstruccionismo está siendo abusado por los republicanos minoritarios, de acuerdo con un informe de Politico.com.
Los intentos de reformar las reglas del obstruccionismo también han fracasado, ya que requieren de dos tercios de los senadores, o 67 votos, para hacer cualquier cambio en las reglas del Senado, informó el sitio web.
“Están poniendo al Senado en una camisa de fuerza”, dijo Stephen Spaulding, el abogado personal de Common Cause, al Politico.com. “Ellos no pueden adoptar sus propias reglas, y eso es un tema que creo que los tribunales deben resolver”.
