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Soldados veteranos deportados y familiares con hijos en el ejército ansían retornar a Estados Unidos

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Héctor Barajas y Roberto Vivar claman por justicia. El primero fue un ex paracaidista del ejército estadounidense de 1995 a 2001, y el segundo es padre de un hijo que es un militar activo en las Fuerzas Armadas.

Ambos fueron deportados, después de cometer algún delito y se encuentran en un albergue de Tijuana, México, pero ansían una solución para sus casos y retornar al país que identifican como “suyo”.

Héctor, fundador de la Casa de Apoyo de Veteranos Deportados -conocida también con “El Búnker”- tiene enfrente un panorama alentador. Ha conseguido su visa de entrada al país donde entregó seis años de su vida como paracaidista en la 82º brigada helitransportada.

Él fue expulsado de Estados Unidos en 2004 por haber hecho unos disparos al aire, en la ciudad de Compton.

“Me dieron tres años y medio de cárcel por esa felonía agravada”, dijo Héctor. “No puedo entrar en más detalles porque estoy en el proceso de obtener la ciudadanía”. Había disparado desde su auto, y aunque nadie resultó herido, fue acusado de asalto con un arma. Fue encarcelado y aunque la libertad estaba delante de él al cumplir su condena, lo que comenzó fue su pesadilla al ser expatriado. En el refugio cohabitan otros 40 ex militares deportados.

Como activista y defensor de los militares repatriados, Héctor, de 39 años de edad logró que se formara un grupo especial de trabajo entre representantes del Departamento de Seguridad Interna (DHS), del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y del Gremio Nacional de Abogados de Los Ángeles (National Guild Lawyers).

“Vamos a mirar a cuáles veteranos [deportados] quizás puedan ser ayudados”, dijo. “Yo lo único que anhelo es poder abrazar de nuevo a mi hija Lily (11 años)”.

Cuando era niño, Barajas fue traído por sus padres indocumentados de Fresnillo, Zacatecas. Gracias a un ajuste migratorio obtuvo la residencia legal en 1990 y se enlistó en el ejército a los 18 años, luego de concluir la preparatoria en Compton.

“El reclutador me dijo que estar en las fuerzas me daría convertiría en ciudadano”, recordó. “Fue una mentira”.

Barajas fue dado de baja de las fuerzas armadas con honores y pago un alto precio por no haber procesado su solicitud de ciudadanía.

“Creí que por haber sido militar era ciudadano estadounidense”, dijo.

La distancia le hiere el alma. La pequeña Lily es su vida. Es ella quien le motiva a soportar estar en un país que poco conocía.

“Hubo algunas ocasiones cuando la traían a la frontera para verme; ella lloraba y me decía ¿Por qué simplemente no puedes venir conmigo a casa?”, dijo Héctor. “Es difícil no estar ahí, con ella, ayudándole con sus tareas o llevándola a la escuela”.

Roberto Vivar: castigado de por vida en México

Roberto Vivar tiene 60 años. Sus padres lo trajeron a Estados Unidos desde México, cuando él apenas tenía seis años. Tiene un hijo, Robert, de 39 años, enrolado en la Guardia Nacional Aérea de California.

Nacido en Tijuana, Roberto se declaró culpable de hurtar seis cajas de Sudafed. Este fármaco, que anteriormente se encontraba a la venta libre en los estantes de las farmacias en Estados Unidos contiene pseudoefedrina, la cual, combinada con otros productos produce la metanfetamina, una droga ilegal.

“Eso fue en el tiempo en que me metí en problemas de drogas”, dijo Roberto. “Eso causó mis problemas con la ley”.

Roberto se declaró culpable del delito, con la esperanza de que un juez lo enviara a un programa de rehabilitación de drogas. Por el contrario, fue encarcelado y aunque estuvo peleando la deportación.

“Pero sucedió que mi esposa se puso enferma; estaba recibiendo radiación por un problema de la tiroides”, narró. “Retiré la apelación para que me deportaran porque pensé que en Tijuana yo podría atenderla”. Fue deportado el 29 de marzo de 2013.

Roberto había trabajado más de 15 años en Aeroméxico, en el Aeropuerto de Los Ángeles y pensó que en la frontera podría trabajar en el sector turismo o aviación. Nunca encontró empleo y reingresó a Estados Unidos como indocumentado, hasta 2011 cuando fue capturado por agentes de inmigración.

Y aunque Roberto limpió su record de antecedentes, para él no hay ningún alivio migratorio que le pueda ayudar a reunirse de nuevo con sus hijos, Robert, Sandra y Melissa ni con sus nueve nietos.

En 2014, en el llamado “Parque de la Amistad”, por segunda vez en la historia se abrió una enorme y emblemática puerta para que Roberto y otros tres deportados, por dos minutos que les parecieron eternos abrazaran a sus seres queridos en el lado de Tijuana.

“Yo tuve la fortuna de abrazar a mi hijo Robert y a mis dos nietas; pienso que le he entregado a un hijo al servicio militar de Estados Unidos, y aunque su función es de instructor de aviones no tripulados, de alguna manera participa en los combates y sería justo que esa nación nos reconociera todo el aporte positivo que hemos hecho los inmigrantes durante gran parte de nuestras vidas”, comentó Roberto. “Pero no pierdo las esperanzas; Dios es grande y nos va a ayudar a salir adelante con un milagro para que las leyes [migratorias] cambien y yo pueda volver a reunirme con mis familiares los años que me quedan de vida”.