El 19 de mayo, varias organizaciones se movilizaron en más de 20 ciudades del país, para ejercer presión sobre los ataques antiinmigrantes, y para que se detenga la separación de familias. Riverside formó parte de esta movilización.
Italia García, en representación de Mi Familia Vota, mencionó que “hoy hubiese podido ser el día, si se hubiera implementado el DAPA, que muchos padres tendrían otro estatus, pero por el sentimiento antiinmigrante no se logró, por ello, estamos haciendo un llamado para continuar esta lucha”.
Ente los invitados presentes en la Universidad de California, Riverside (UCR), se encontraba el abogado Russell Jauregui, quien informó que el 17 de febrero, justo unos días antes de la extensión de DACA, una corte en Texas introdujo una demanda que congeló esta acción.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), es una acción ejecutiva del gobierno de Barack Obama, para los jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, que les concede un tipo de permiso temporal para permanecer en el país, la cual todavía está vigente, pero la demanda afectó la posibilidad de extensión de esta orden ejecutiva.
Otra consecuencia de esa demanda, que es apoyada por una coalición de 26 estados, es que también se suspendió el proceso del Programa de Acción Diferida para los padres de los estadounidenses y residentes legales permanentes, conocida por sus siglas en inglés como DAPA.
“El gobierno federal apeló y se debe esperar hasta el 6 de julio, cuando se sabrá la decisión de la apelación introducida por el gobierno. La interpretación de todo este proceso es que tenemos que esperar”, señaló Jauregui.
Este abogado indicó que han estado ofreciendo talleres informativos sobre lo que las personas necesitarán, para que estén preparadas.
La estudiante Yesenia Padilla, informó que ella se benefició por medio de DACA.
“Mis padres llegaron aquí hace 25 años y DAPA nos hubiese ayudado a no vivir con miedo. Para nosotros eso sería una gran diferencia. El impacto es que mi mamá tendría la libertad de no temer a una deportación. DAPA es nuestra esperanza”, dijo.
Por su parte, la madre indocumentada Gabriela Rondón, de 47 años, informó en el evento que a su hijo lo arrestaron manejando hace siete años, cuando él tenía 23 años.
“Él firmó su salida voluntaria. Ha sido una situación muy difícil”, dijo esta madre quien tiene otro hijo ciudadano de 24 años, y un hijo de 16 años nacido en México.
Johanna Chávez fue otra madre que expresó que “tener documentación es un derecho humano básico. DAPA nos daría acceso a tener una vida mejor. Merecemos una residencia permanente”.
Mientras que la estudiante Mafalda Gueta, narró cómo sus padres, quienes llegaron a este país hace 21 años, han trabajado por largas horas y son abusados por sus jefes, por no tener documentación.
“Mis padres han hecho tantos sacrificios. Yo me preocupo por mi madre todos los días, porque puede ser deportada”, dijo Gueta.
Por su parte, Lyzzeth Mendoza, organizadora comunitaria de Congregaciones del Inland Unidas para el Cambio (ICUC, por su sigla en inglés) , informó “no podemos tener más personas jugando a ser políticos. Debemos asegurarnos de votar en el 2016 por aquellos que incluyan a la comunidad inmigrante y pedir un camino a la ciudadanía”, dijo.
Rocío Sáenz, vicepresidenta ejecutiva del Sindicato de Empleados de Servicios Internacional (SEIU, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado de prensa, que el 19 de mayo realizaron más de 30 acciones en todo el país, para enviar un mensaje a los republicanos.
“Si usted no se coloca con nosotros, y sin duda, no va a ganar sin nosotros en 2016… Estamos escuchando: ustedes no valoran las contribuciones que los inmigrantes aportan a la comunidad. En noviembre de 2016, nos van a escuchar”.
